No todo en España es achacable a la situación económica, tampoco podemos decir que sólo unos pocos han vivido por encima de sus posibilidades. Tenemos un Estado de las Autonomías que choca abiertamente con la estabilidad en las cuentas públicas, fruto de la colosal administración pública que hemos creado y territorializado, más cercana a la España de los Reyes Católicos que a la realidad actual de globalización y competitividad.
Mientras hubo dinero de donde gastar se pagaron favores políticos, se compraron voluntades y se contentaron a todas aquellas comunidades autónomas con peso estratégico para sacar los proyectos nacionales adelante. Hemos creado un Estado que multiplica sus gastos por 17, que no soluciona problemas, sino que genera conflictos, que no está cerca de los ciudadanos pero sí crea desigualdades. Como tantas y tantas cosas en nuestro país, tenemos una territorialidad que no podemos pagar, pero que además no tiene unas funciones acordes en comparación a su coste. En España hay más de 100.000 puestos políticos o administrativo-políticos creados, lo que supone uno por cada 400 habitantes.
Coste desorbitado de la España de las Autonomías.
El principal inconveniente de la autonomía territorial es su altísimo coste, no siempre justificable, que se agrava porque la falta de control estatal facilita los despilfarros de los gobernantes de las comunidades autónomas que tienen que financiarse con una creciente deuda pública que está llegando a ser inasumible, y que pone en peligro tanto la supervivencia de la propia autonomía territorial como la posibilidad de endeudamiento de un Estado cada vez más exhausto.
Este entramado político regional, supone una verdadera sangría de dinero para las arcas públicas en las 17 comunidades autónomas españolas. El presupuesto de los parlamentos autónomos se eleva hasta los 432 millones de euros, una cifra que equivale, nada más y nada menos, que al salario mínimo interprofesional de casi 60.000 empleados al año.
| Bandera | Comunidad autónoma | Nombre del legislativo | Sede | Composición |
|---|---|---|---|---|
 | Andalucía | Parlamento de Andalucía | Sevilla | 109 diputados |
 | Aragón | Cortes de Aragón | Zaragoza | 67 diputados |
 | Principado de Asturias | Junta General del Principado de Asturias | Oviedo | 45 diputados |
 | Baleares | Parlamento de las Islas Baleares | Palma de Mallorca | 59 diputados |
 | Canarias | Parlamento de Canarias | Santa Cruz de Tenerife | 60 diputados |
 | Cantabria | Parlamento de Cantabria | Santander | 39 diputados |
 | Castilla-La Mancha | Cortes de Castilla-La Mancha | Toledo | 49 diputados |
 | Castilla y León | Cortes de Castilla y León | Valladolid | 84 diputados |
 | Cataluña | Parlamento de Cataluña | Barcelona | 135 diputados |
 | Comunidad Valenciana | Cortes Valencianas | Valencia | 99 diputados |
 | Extremadura | Asamblea de Extremadura | Mérida | 65 diputados |
 | Galicia | Parlamento de Galicia | Santiago de Compostela | 75 diputados |
 | La Rioja | Parlamento de La Rioja | Logroño | 33 diputados |
 | Madrid | Asamblea de Madrid | Madrid | 129 diputados |
 | Navarra | Parlamento de Navarra | Pamplona | 50 diputados |
 | País Vasco | Parlamento Vasco | Vitoria | 75 diputados |
 | Región de Murcia | Asamblea Regional de Murcia | Cartagena | 45 diputados |
- Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta: 25 concejales
- Asamblea de la ciudad autónoma de Melilla: 25 concejales
TOTAL= 1268 diputados o concejales autonómicos.
Cataluña es la comunidad autónoma con el parlamento más caro de toda España. Su presupuesto supera los 77 millones de euros. Le sigue el de Andalucía, que cuenta con una asignación de 53 millones de euros. Parlamentos regionales que legislan sobre las mismas materias, desde 17 áreas geográficas distintas. Que han establecido en ocasiones distintos tratamientos fiscales y que han provocado distorsiones importantes.
Los Parlamentos tienen una capacidad legislativa muy diferente entre sí, según el grado de transferencias que el Estado ha otorgado a cada una de las regiones. La Comunidad Valenciana y las de Madrid y País Vasco se mantienen por detrás de Cataluña y Andalucía por el presupuesto anual de sus parlamentos, con una asignación de 41 millones de euros en el primer caso y de 31 millones en el segundo y tercero. Las comunidades cuyos parlamentos resultan más económicos son las de Asturias, con 9,33 millones de euros, Cantabria, con 8,95 millones de euros y La Rioja, con 7,21 millones de euros.
Diferentes competencias, desigualdad entre ciudadanos, duplicidad de servicios, fraccionamiento de un mercado común, diversidad normativa y reglamentaria...
Resulta curioso que, mientras el desarrollo autonómico aún no ha llegado a su máximo, con una serie de competencias que aún no se han transferido a un conjunto de regiones españolas, el propio Senado sigue sin convertirse en la auténtica cámara territorial que se reclama desde todas las instancias políticas. Mientras tanto, los ciudadanos tienen que soportar el coste del mantenimiento de un sistema de 17 parlamentos autonómicos.
La autonomía territorial está afectando negativamente a la libre circulación de personas, mercancías y servicios, así como a la unidad de mercado por la infinidad de normas y restricciones existentes en los diversos territorios autónomos. Todo ello perjudica a la competitividad de los bienes y productos españoles en el mercado único de la Unión Europea y en el comercio internacional globalizado. Por si la desunión de Europa no era suficiente, nosotros contribuimos a aumentarla con una nación fragmentada en taifas autonómicas caciquiles, insolidarias, costosísimas y superendeudadas; es decir, insostenibles.
La España de las Autonomías fomenta la desigualdad económica en cuanto al desarrollo de cada una de las regiones, que serán más o menos atractivas para la inversión privada dependiendo de la capacidad reguladora y normativa que tengan, de los servicios y de las ventajas que ofrezcan, en definitiva, estamos potenciando la competencia desleal entre instituciones. Pero no únicamente en el plano económico, también en el aspecto del bienestar social, donde un ciudadano no es tratado con igualdad en cuanto a determinadas prestaciones de las que sí disfrutan aquellos que están alojados en otras partes del territorio. Es injustificable que ciudadanos que distan unos kilómetros entre sí, pero que viven en diferentes comunidades autónomas, no tengan los mismos derechos y acceso a los mismos servicios.
Nos encontramos también con duplicidades, tanto la administración central como la autonómica disponen de diversos recursos para los mismos objetivos.
Nuestro modelo autonómico es ruinoso para el ciudadano, pero en cambio es muy provechoso para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas o no, para la burocracia creada por la autonomía, y sobre todo para la colocación por la técnica de la libre designación o cargos de confianza de las personas a las que se les deben favores políticos.
Las comunidades autónomas aceptan reducir el déficit al 1,5% este año.
Las comunidades autónomas han aceptado reducir el déficit desde el 2,9%; registrado en el cierre de 2011, al 1,5% marcado por el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a partir del nuevo programa de estabilidad presupuestaria.
El gobierno de Mariano Rajoy deberá hacer frente a lo que realmente es el problema autonómico, más allá del control del gasto y del endeudamiento de las regiones, que si bien es una medida plausible en el corto plazo, no es la solución definitiva a un modelo Estado que ha fracasado en muchos sentidos. Tal vez sea el momento de poner líneas rojas a la autonomía de las regiones en España, destacando el papel de éstas en términos de territorialidad de la administración y la gestión, pero disminuyendo su papel normativo y legislativo.
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