JAVIER MÉRIDA ARJONA

Muchos han sido los acontecimientos que se han producido desde que no actualizo la web: han condenado al Sr Garzón, han declarado inocente al Sr Camps, el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy ha aprobado la reforma laboral, el Partido Popular ha celebrado en Sevilla su XVII Congreso Nacional... Tal vez este sea el artículo dedicado a ser cajón de sastre. 

Ha sido discutida ampliamente la condena al magistrado más mediático y popular de la Audiencia Nacional, nadie ha quedado indiferente ante la sentencia que lo inhabilita durante 11 años para el ejercicio de la magistratura. Cualquier persona que entienda mínimamente de leyes, también los que estamos en vías de estar titulados en Derecho, sabe/sabemos, que hasta el mayor de los delincuentes tiene asegurado el derecho de defensa, también como no la presunción de inocencia. La intervención de las comunicaciones entre los clientes y sus abogados en un proceso judicial es claramente ilegal, y es que, por muy justo que sea un juez, si éste no es garante del proceso, no consigue dictar sentencia habiendo salvaguardado todos los derechos y obligaciones de las partes, ateniéndose a derecho, la misma podrá ser declarada nula. No seré yo quien pretenda juzgar al Sr Garzón más lejos de lo que es el caso puntual que nos ocupa, porque no me gusta hacer juicios paralelos a los oficiales, esperé, observé y acepté lo que el Tribunal Supremo dictó. No se juzga la trayectoria profesional,  ni lo méritos y actuaciones ejemplares del Sr Garzón, es algo que parece que muchos no quieren comprender. La ley es igual para todos, independientemente de los éxitos vitales o reconocimientos populares que ostente una persona.
Lo que nuestra sociedad, nuestro país, no debe hacer, es poner nuestro sistema judicial en tela de juicio por no estar de acuerdo con una sentencia y un procedimiento que ha seguido las pautas legales establecidas. Pero es más peligroso aun si cabe la actitud de algunos representantes políticos, personalidades públicas, ciudadanos del mundo de la cultura, de las artes, del cine... que politizan un día sí y otro también las resoluciones judiciales cuando éstas no coinciden con su particular modo de ver las cosas.
La justicia precisamente lo es por no ser moldeable a los prejuicios personales, sino por igualar a todos frente al imperio de la ley. Constituye una extraordinaria irresponsabilidad, una falta de sentido de Estado, el atacar a la justicia sin base ni fundamento, pues en definitiva lo que estamos consiguiendo es debilitar la percepción social y la imagen de respeto a uno de los pilares fundamentales de nuestro país. 

El Sr Garzón en el banquillo de los acusados

Indudablemente se puede estar más o menos de acuerdo con una sentencia, pero lo que ningún ciudadano debería aceptar ni consentir es que se hable de un sistema caduco, anacrónico y politizado cuando se inhabilita al Sr Garzón, y no en aquellos casos donde la resolución judicial es favorable a sus planteamientos. Una crítica al sistema es respetable siempre y cuando se fundamente esta en todos los casos, no únicamente bajo las particularidades que algunos quieren resaltar. 

Es cierto que las justicia es lenta, arcaica, muy ineficiente, pero yo no dudo de que los tribunales españoles se atengan a la ley, que dictaminen sus resoluciones al amparo del derecho vigente en nuestro país, respetando el estado de derecho unánime para todos los ciudadanos.

La justicia individual, Sr Llamazares, Sra Bardem, también es una injusticia, aunque ustedes la entiendan como la única manera de anclarse en la lucha y en el sectarismo irreflexivo. Tal vez son ustedes los que propugnan una justicia para los suyos y otra para el resto, pero entiendan que eso no tienen cabida en ningún ordenamiento jurídico de una democracia parlamentaria. 

Con respecto a otro de los grandes asuntos de las últimas semanas, la absolución del Sr Camps, poco más que decir, yo respeto las sentencias judiciales independientemente del sujeto del proceso. Creo que con lo expuesto anteriormente, un firme alegato de respeto absoluto a la independencia y a las decisiones judiciales, se puede saber cuál es mi opinión al respecto en este caso. Lo que sí me gustaría matizar es la reacción social frente a un caso que ha sido puesto en manos del Jurado Popular, la expresión más evidente y directa de que la soberanía recae en el pueblo español, de donde emanan los poderes del Estado. Cómo puede haber personas que estén en contra del Jurado Popular, no en su sentido más genérico, sino particularizado en el juicio al Sr Camps, y sean a la vez defensores de la soberanía popular y del sufragio universal. Aluden que hay gente que no está preparada para ejercer su derecho ciudadano a ser miembro de un Jurado Popular, que no tienen los conocimientos jurídicos ni las habilidades más elementales para poder discernir sobre la culpabilidad o la inocencia de un imputado, que no condenado, pese a que los juicios mediáticos si que gocen de mayor credibilidad que los mecanismos de nuestro estado de derecho. Ahora bien, aquellos que alegan la falta de formación de los Jurados Populares, son los mismos que reivindican mayor protagonismo de la sociedad en los espacios políticos, jurídicos, institucionales... Creo recordar que el Sr Rubalcaba proponía en su programa electoral la creación del diputado 351, representante e impulsor de la iniciativa legislativa popular. No queremos que el pueblo juzgue pero sí que legisle. Por favor, seamos serios, no nos cobijemos en el paraguas del populismo cuando nos interese, la estabilidad y la igualdad para todos son también cualidades que dan credibilidad a las leyes. Pero es más, si nuestro estado de derecho permite y regula los Jurados Populares, los dota de entidad, tienen cómo no la autoridad y credibilidad para ser válidos sus dictámenes, ¿por qué no respetamos aquello que establece nuestro ordenamiento jurídico?, al menos hasta que no se produzca una iniciativa legislativa votada y refrendada por las Cortes Generales que pretenda regular todo lo contrario. Lo que no es tolerable es el manifestar una opinión en contra de ellos cuando no estamos en consonancia con uno de sus veredictos.

XVII Congreso Nacional del Partido Popular - Sevilla 2012

Rajoy es reelegido Presidente Nacional del Partido Popular

Este fin de semana el Partido Popular ha "renovado" su cúpula nacional. Sevilla ha sido el escenario una vez más, es la manera de mostrar a la comunidad andaluza de que este partido está comprometido con su futuro y quiere tener su primera oportunidad de gobernar esta tierra.

Como todos los congresos que se celebran después de las grandes victorias electorales, en él se ha reforzado el liderazgo de Rajoy y si ha dado continuidad al equipo que lo ha acompañado hasta La Moncloa. Pocas han sido las sorpresas, salvo la incorporación de Carlos Floriano y otros, que vienen a cubrir las bajas producidas por la marcha de muchos y destacados dirigentes del partido a los diferentes órganos de gobierno. Además, es una forma de reconocer al PP extremeño sus esfuerzos por llegar a gobernar una comunidad tradicionalmente socialista. En lo que respecta al resto del Comité de Dirección Nacional, no se esperaban cambios trascendentales, y así ha sido, cumpliendo con lo que estaba previsto. 

A diferencia de otros cónclaves, como el de Valencia (donde Esperanza Aguirre amagó con presentarse, y donde se escenificó una corriente anti-marianista), las posiciones ahora estaban claras, todos apoyando al líder que hace tan solo unos meses ha llevado al partido a los niveles más altos de poder en cuanto a la gobernabilidad en la inmensa mayoría de las instituciones. No hay por tanto movimientos internos que puedan luchar contra eso. Rajoy tendrá las manos libres para dirigir cómodamente el PP en los próximos años, unas elecciones como las acontecidas lo valen. Quien manda es él, esa es la imagen estática que se desprende de la ciudad hispalense. 

Así las cosas, podemos decir que pocos han visto colmados sus anhelos de reforzar posiciones dentro de la formación ayudados por la salida de los pesos fuertes hacia los diferentes equipos de gobierno: locales, regionales y nacional. Aquellos que están en los diferentes brazos de la administración no quieren perder la potestad de tener una voz autorizada y relevante en el partido. Los que se han salvado de la quema, dejando todo como estaba, pueden dar gracias por mantenerse al menos cuatro años más. 

Yo entiendo que hubiera sido el momento propicio para inyectar vitalidad al partido, que con tantas bajas sobrevenidas acabará sufriendo la soledad del poder, y todo ello unido a la asunción de responsabilidades por la gestión que le toca desarrollar en estos momentos al gobierno. Por tanto, todo son palos y pocas zanahorias para los que permanecerán desde ahora en las responsabilidades más destacadas de la formación. Es indudable que todo tiene un ciclo, y es bueno que el partido hubiera forjado desde ya su futuro, sin necesidad de tener que esperar a una travesía por el desierto en el momento en el que volamos a ser oposición. 

Un partido fuerte es garantía de una cantera inagotable de figuras políticas dispuestas pero sobre todo preparadas para asumir las riendas. Que esto no se haya producido no es necesariamente un problema de largo alcance, hubiese sido adelantarse a lo que inevitablemente acabará pasando dentro de unos años. Tal vez este hubiera sido el momento indicado para introducir en cargos intermedios y de base a nuevos activos, aquellos que están llamados a ser los protagonistas de una lejana pero futura re-generación.

Una vez mostrada la imagen de unidad de partido y apoyo a la labor del gobierno, también a Javier Arenas, el llamado a protagonizar el cambio andaluz, se cierra un congreso que ha cumplido con lo que se esperaba. No optante a favor de la elección de Rajoy votaron 2.525 compromisarios, mientras que se registraron 9 votos nulos y 63 en blanco. Hace cuatro años, en el Congreso que el PP celebró en la ciudad de Valencia, Rajoy obtuvo el 84,24% de los votos.

Por su parte, la Junta Directiva fue elegida con el 97,44% de los votos: 2.522 votos a favor, 66 votos en blanco y 7 votos nulos.
Por lo demás el curso legislativo continúa, el gobierno sigue lanzando reformas e instalando su programa electoral. Los ministros anuncian día sí y día también nuevas medidas en sus respectivas delegaciones. En definitiva, Sevilla ha sido un paréntesis en la agenda del presidente del gobierno, inmerso única y exclusivamente en sacar a España de la crisis y del desempleo.
Probablemente los congresos nacionales que están por venir no sean una fiesta de celebración pos-electoral como la que hemos presenciado este fin de semana en Andalucía, estamos en el ejercicio del poder y el futuro dictaminará. 

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