UNA HUELGA SALVAJE E INTOLERABLE

Lo acontecido este puente de la Constitución con los controladores aéreos no tiene calificativo. La huelga de este colectivo ha sido irresponsable, inoportuna y destructiva para la imagen de nuestro país. No se han respetado los servicios mínimos y se ha dejado impunemente a miles de pasajeros en tierra.
Pese a que las oportunidades de rédito electoral no se han dejado esperar por parte de algunos grupos políticos, es cierto que por primera vez el gobierno hizo lo que debía de hacer, tomó el control de la situación y usó los medios que tenía en su haber para intentar que se cumpliera la ley, pese a que ello pasara por la militarización del espacio aéreo español o la declaración de alerta. Entiendo que lo importante en estas situaciones es devolver a la calma el servicio al ciudadano, sea como fuere, que en lo posible se reestablezca la normalidad, aunque ello pase por adoptar medidas desproporcionadas. Es mejor pecar de exceso que de defecto.
Ahora los ciudadanos esperamos sanciones ejemplarizantes y contundentes hacia todos aquellos que han abandonado su puesto de trabajo sin las debidas razones. Alguien debe asumir las consecuencias, por ello se abren tres frentes para reclamar responsabilidades: la vía laboral, la judicial, y las denuncias particulares, penales y civiles, que han presentado los ciudadanos.
En lo laboral, tras ser obligados por el Ejército y la Guardia Civil a volver al trabajo, AENA ha abierto 442 expedientes disciplinarios a los profesionales que no acudieron o abandonaron su puesto de trabajo. La apertura de un expediente disciplinario puede implicar desde apartar "definitivamente" del puesto de trabajo al controlador, hasta el cierre del expediente "sin ningún tipo de sanción" pasando por la suspensión de empleo y sueldo. Además, varias Fiscalías han abierto procesos judiciales para decidir si los controladores insubordinados han incurrido en un delito. Pudiéndose enfrentan a un posible delito de sedición que conlleva penas de hasta ocho años de cárcel.
En el momento que el Ministerio de Defensa se ha hecho cargo del tráfico aéreo, según la justicia militar, los controladores tienen que acatar la jurisdicción militar, son militares de facto en el aspecto legal. Un oficial del Ejército está en cada centro de control aéreo y vela por que los controladores civiles cumplan con su labor.
Si éstos no se presentan o no trabajan, el militar a cargo daría parte al juez militar y a la Policía Judicial para que los controladores insubordinados fueran arrestados y sancionados.
El Código Penal Militar, dentro de los delitos contra la disciplina, contempla en su Art. 91 la ‘sedición militar’ que especifica que los militares que “rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición”.
Y añade: “Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión”.
Otra parte de las repercusiones las componen las denuncias de los usuarios, los juzgados deberán dar salida a las numerosas denuncias de los viajeros afectados, que por la vía civil o penal, buscan una compensación al daño que les ha causado esta situación. AENA ha informado que en los últimos dos días ha recibido 5.000 reclamaciones.
En cuanto a los números: se han cancelado 2.710 vuelos, hay pérdidas millonarias y cerca de 600.000 pasajeros se han visto afectados. Todo ello unido a la pésima imagen de nuestro país por motivo del cierre del espacio aéreo y su repercusión global, nos va a costar caro, y las consecuencias económicas y financieras no se harán esperar. Imprimir artículo